Colombia amenazada por la corrupción
El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de la ONG Transparencia Internacional, calificó este año a Colombia en el puesto 90 de 176 países, obteniendo 37 puntos de un máximo de 100 calculado a nivel mundial.
Las definiciones que se encuentran en internet sobre corrupción concuerdan en decir que es la acción de corromperse, sin embargo, si se le anexa la palabra "política" se encuentra que la definición de corrupción política es más amplia, pues se refiere al mal uso del poder o abuso autoritario que se le da a los recursos sociales, económicos y culturales de un país, con el objetivo de buscar un ventaja propia. La corrupción es un tema que por estos días está de moda en Colombia por casos como el de Odebrecht, un conglomerado brasileño de negocios que pagó dinero a funcionarios públicos a cambio de contratos de infraestructura en carreteras.
El Observatorio de Corrupción de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia dio a conocer en 2015 los ocho departamentos con mayores sanciones penales: Antioquia 21%, Valle del Cauca 13.5%, Tolima con el 7.7%, Caldas con el 7.3%, Santander con el 7%, Cundinamarca con el 6%, Risaralda con el 5,2% y Boyacá con el 4.5%. Lo anterior se traduce en el porcentaje de funcionarios públicos sancionados por actos contravenientes a su respectiva función, a esto se le suma que varios de los gobernadores en turno aún tienen sanciones vigentes como el gobernador del Tolima Oscar Barreto, el de Norte de Santander William Villamizar y el titular de Caldas Guido Echeverry, según lo demuestra una investigación publicada en el portal web razonpublica.com
Pero este fenómeno de la corrupción no es de hoy, ha trascendido los años, afectando a distintos sectores públicos en el país, como la salud, agrario, educación, entre otros. Este cáncer, como lo llaman los expertos, es el problema más grande por el que se ha perdido la credibilidad en los mandatarios del país y, aún más, en la democracia. Así lo afirmó el Procurador General de la Nación Fernando Carillo en el Marco del Foro Anticorrupción organizado por la Universidad Javeriana “El populismo es el desencanto, el desafecto hacia todo lo que tenga que ver con la política. Yo creo que en este momento tenemos un punto dramático de la realidad del país, porque vemos cómo se ha reconducido ese debate de la corrupción y lo que implica en un año electoral.
Tal vez lo que pudo suceder fue que el humo de la guerra, que afortunadamente está pasando a marchas forzadas, no nos dejó ver el fantasma de la corrupción. Y me parece que en ese sentido los reclamos de la ciudadanía son bastante débiles y requieren una respuesta de quienes están al frente de la política. En el sentido de bases estructurales, yo citaba un autor español del siglo XIX que decía “No, es que hemos expedido muchas leyes, pero hemos dado muy poco buen ejemplo”, y seguimos en esa tónica. Eso lo que abre es la posibilidad de que la corrupción mate la fe en la democracia.”
Para dar una perspectiva general de los casos por los que Colombia es tachada por la ciudadanía y los expertos, como un país corrupto, Datéate realiza una radiografía en las regiones de Colombia con los casos más sonados de corrupción:
1. Región Caribe:
- Corrupción ICBF en el Atlántico
Durante el año 2016 la Directora Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Cristina Plazas Michensell, anunció diferentes capturas de operadores y funcionarios por extraños desvíos de dinero, destinado para alimentación de niños en el Atlántico. “Hemos comprobado que existe una mafia que es peor que el narcotráfico. Y digo que es una mafia porque existen presiones políticas, están involucrados algunos funcionarios del ICBF, funcionarios de algunas fundaciones y por eso es que hemos dicho que es difícil combatir la corrupción que se ha tomado el ICBF, gracias a Dios hemos tenido buenos resultados en el Atlántico y en todo el país” dijo Plazas en diálogo con Emisora Atlántico y Blu Radio.
- Corrupción Administrativa en el Atlántico
En 2016 se le imputaron cargos por corrupción administrativa a la ex secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Atlántico, Milagros del Carmen Sarmiento Ortiz, al ex subdirector de Gestión Agropecuaria de la Gobernación Martín Rafael Atencio García y el representante legal de la Fundación para el Desarrollo Sostenible en el Caribe Colombiano (Fudesca) Julio César Altamar Rodríguez.
Durante 2014, estos funcionarios afectaron a muchas familias de pescadores artesanales en el Atlántico, por medio de un contrato con la fundación Altamar Rodríguez. Aquel contrato estipulaba la adquisición de 200 lanchas de acrílico para mejorar la condición de trabajo de los pescadores. En este caso fueron falsificadas actas de ejecución del contrato con lanchas que nunca se entregaron o existieron.
- Red de Corrupción en Registraduría, Atlántico
En noviembre de 2016, fueron capturados cuatro funcionarios y tres exfuncionarios de la Registraduría Nacional del Estado, en el departamento de Atlántico. Aquellos funcionarios expidieron más de 8.000 registros civiles, por los que cobraron entre $400.000 y $700.000. Facilitaron a las mafias de traficantes de personas, registros civiles y cédulas para migrantes ilegales.
Los aprehendidos, en este caso, fueron el ex registrador de Malambo (Atlántico) Arturo Jacinto Camargo Jiménez, suspendido disciplinariamente por la Registraduría Nacional desde agosto pasado. Ex registradores de Luruaco y Candelaria, Luis Eduardo Manjarres Moncada y Warner Bolívar Cueto.
2. Región Andina:
- Carrusel de la Contratación
Caso de corrupción política desarrollado en Bogotá que se da durante la administración del ex alcalde Samuel Moreno en 2010. Aquí estaban involucrados exfuncionarios del Instituto de Desarrollo Urbano IDU como Liliana Pardo, Néstor Eugenio Ramírez e Inocencio Meléndez; los empresarios Miguel Eduardo Nule, Manuel Francisco Nule y Guido Alberto Nule, por los sobrecostos en las obras de la construcción de la tercera fase de Transmilenio de la calle 26.
La alcaldía de Moreno tuvo relación con las obras de infraestructura detenidas como el colector Tunjuelo-Canoas, elemental para iniciar la descontaminación del Rio Bogotá, o la ampliación de calzada en la vía Bogotá- Girardot, todas estas, obras contratadas por la multilatina brasileña Odebrecht.
- Esquema Público de Recolección de Basuras
Caso de corrupción política que se dio en la gestión del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, por expedir el decreto “570 de 2012” en el que autorizaba el uso de volquetas para la recolección de basuras en la ciudad, dando un nuevo esquema de aseo, por lo cual se le abrió una investigación judicial y es destituido e inhabilitado por 15 años el 19 de marzo de 2014.
- EPS Saludcoop
Caso de corrupción política en la EPS Saludcoop por Carlos Palacino, presidente de la entidad. La EPS fue intervenida por la Fiscalía debido a irregularidades en las que se encontraban 8000 cheques girados y no pagados a proveedores, inconsistencias en sus activos, en los pagos del Fosyga (Fondo de solidaridad y garantía) y giros no legalizados a actividades diferentes.
3. Región Pacífico:
- Corrupción de contratos en cobertura educativa
Caso de corrupción educativa protagonizado por Bartolo Valencia, alcalde de Buenaventura en 2012. Según investigaciones hechas por el periódico El País, Bartolo habría sido el principal ejecutor de un multimillonario carrusel de contratos de cobertura educativa, cuando el llamado ‘’grupo de los cien’’, un conglomerado de rectores de colegios de garaje, le financiaron su campaña a cambio de recibir estudiantes en sus planteles educativos improvisados.
El fraude llegó a dar consolidación a 558 colegios de garaje (sin infraestructura ni certificación del Ministerio de Educación), contra los pocos 39 colegios oficiales con que cuenta Buenaventura. Lo anterior repercutió para que en 2015, un juez enviara a la cárcel a Valencia junto con ex funcionarios de su gobierno, por la defraudación de $919 millones, aproximadamente, por los contratos educativos ilegales.
Posteriormente, el acusado fue dejado en libertad en marzo de 2016, porque una jueza de Buga consideró, según la defensa del acusado, que este ya no representaba peligro para la sociedad al haber dejado su puesto público. En mayo del mismo año, lo recapturan con su exsecretario de educación Carlos Riascos y la directora de un colegio de garaje, Rosminda Sanclemente, por delitos como peculado, concierto para delinquir y contratos sin cumplimiento de requisitos legales vigentes. La suma por los contratos en esta nueva investigación ascendió a $5000 millones. Valencia sigue en la cárcel de Buenaventura esperando su condena definitiva.
4. Región Orinoquía
- Corrupción en la Corporación Red País Rural
Irregularidades en convenios inscritos por la Corporación Red País Rural (Organización sin ánimo de lucro, que busca la integración del sector campesino, por medio de políticas de desarrollo rural), en la que se pretendían realizar proyectos de carácter social en los departamentos del Huila, Meta y Putumayo, entre los años 2012 y 2014. Además que se celebraron los contratos sin estudios previos según el Fiscal General Nestor Humberto Martinez.
Por este caso de corrupción se investigan a Julio César Zuleta, ex líder de gestión social de la Orinoquia de Ecopetrol; Ana Milena Estupiñán, actual funcionaria de Ecopetrol encargada de dar viabilidad a los pagos indebidos. Además, fueron capturados el representante legal de País Rural, Fredy Vargas Ramírez, y la directora financiera de la fundación Claudia Cecilia Rodríguez.
5. Región Amazonas
- Carretera ilegal La Macarena (Meta) - San José del Guaviare
Son varios los casos de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos años en la región de la Amazonia, entre ellos, la desviación de fondos públicos que ha generado masivos endeudamientos, la mala distribución de los recursos destinados a salud y la evasión de impuestos.
Entre estos desfalcos se encuentra la construcción ilegal de la vía que conectará La Macarena (Meta) con San José del Guaviare, en pocas palabras, se pavimentará la región. Esta construcción ha generado la deforestación y tala de hectáreas naturales, acabando con nacederos de agua, bosques, lagunas y ríos. Además, son varias las veredas que están siendo afectadas, pues a sus alrededores ya se inició la construcción de la vía. La población ha denunciado, a través de las emisoras comunitarias, la problemática, intentando comunicarse con el Ministerio de Medio Ambiente y de Transporte pero la solución no ha llegado a esta zona del país.
Por su parte, DATÉATE intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA) del Ministerio de Medio Ambiente y con la Personería de la Alcaldía de Leticia, pero no recibió respuesta alguna.