Javier Osuna: “El trabajo de la Unidad Nacional de Protección es una vergüenza”
El 27 de enero de 2017 Javier Osuna interpuso una denuncia penal por situaciones irregulares que ha venido observando, entre ellas, falsos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección frente a su domicilio, llamadas de un número telefónico del que no hablan y motocicletas parqueadas esperándolo.
Javier Osuna se encontraba haciendo una serie de entrevistas en la zona metropolitana de Cúcuta, a víctimas de los paramilitares del Frente Fronteras, quienes perdieron a sus seres queridos en los hornos crematorios de Juan Frío, Norte de Santander. Él no se imaginaba que en poco tiempo iba ser “blanco” de un ataque. El 22 de agosto de 2014, alguien se metió a su domicilio en la ciudad de Bogotá e incineró su apartamento, borrando documentos importantes de su investigación acerca de estos “hornos de la infamia” como lo menciona en su libro “Me hablarás del fuego” fruto de su trabajo investigativo.
Por fortuna el atentado no tuvo éxito, pero esta suerte no ha sido la misma para muchos otros líderes sociales y defensores de Derecho Humanos. El comunicador social y periodista Javier Osuna habla sobre la situación de riesgo eminente que enfrentan estas personas.
“En los últimos 12 meses se han asesinado a 120 líderes sociales, en promedio 10 líderes al mes son asesinados a nivel nacional; la situación se presenta porque existen unos errores, y vacíos profundamente graves, hay líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que son acribillados mientras esperan de esquemas de protección y sus denuncias son desestimadas en los estudios de riesgos que realiza la UNP (Unidad Nacional de Protección). Y esto a los colombianos pareciera no importarles, pareciera no dolerles, es algo que adormece a la sociedad, quienes justifican estas manifestaciones de violencia con total indiferencia. A Colombia la está matando la indiferencia”, afirma Osuna.
No manifestarse en contra del asesinato sistemático de líderes, es un escenario desolador, un pésimo referente para la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana. Sabiendo que las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) ya se han sometido en dos ocasiones a la justicia, dos fracasos rotundos, situación que no es ajena para ningún colombiano, el paramilitarismo es un aparato político asociado también a sectores económicos que son las élites que siguen controlando, por medio de estos grupos armados, zonas en las que defensores de Derechos Humanos continúan haciendo su trabajo, pese a las circunstancias.
Los líderes sociales son personas valientes que visibilizan situaciones que padecen sus mismas comunidades y esa voz que denuncia, es una voz incómoda para el gobierno que no quiere ver, no quiere nombrar, no quiere mostrar estos crímenes de lesa humanidad. “Se necesitan medidas de protección que de verdad garanticen su labor y no mueran esperando ser asesinados”, expresa Osuna.
Osuna sigue explicando: Existe un pésimo trabajo de la Unidad Nacional de Protección, y no es algo de ahorita, es un problema de hace muchos años. Los responsables de lo que está ocurriendo, además de los autores materiales de los asesinatos, es la entidad que no promueve garantías oportunas y desprestigia a las personas que necesitan la protección, ellos buscan es obtener renombre: 120 líderes asesinados ¿Qué trabajo están haciendo? Los esquemas de protección no son para los hijos de congresistas, ni son para los amigos del director de la unidad, las medidas de protección deberían ser otorgadas a periodistas o líderes sociales que están en territorios donde en realidad hay peligro eminente. El trabajo de la Unidad Nacional de Protección es una vergüenza.
En el caso de Javier han cometido equivocaciones que no sólo han puesto en riesgo su vida, también la de su familia. “El año pasado infiltraron en mi esquema de seguridad a un paramilitar y a comienzos de este año, que la situación parecía ser más tranquila, llegaron a mi apartamento funcionarios de la UNP con escarapelas falsas; se puso el denuncio respectivo de lo que pasó ese día, pero lo preocupante es que parece ser que esos sujetos asesinaron ese fin de semana a algunas personas en varias regiones del país. Estas intimidaciones, llamadas telefónicas, seguimientos dentro y fuera de mi domicilio, es una situación nefasta, que hace parte de mi vida y la de mi familia”.
Adicionalmente, estos crímenes no generan ningún tipo de revuelo por culpa de los medios de comunicación tradicionales. La concentración de medios no permite que estas denuncias y la situación de riesgo para líderes sociales o defensores de Derechos Humanos sean reconocidas ante la sociedad. En el 2015, en menos de nueve meses, se presentaron dos atentados en contra de periodistas en Norte de Santander, periodistas regionales que llevan ejerciendo la profesión hace tiempo en esta zona, que cuentan incluso con medidas de protección en la actualidad; recibieron ataques y esto ni siquiera fue visto por los medios de comunicación.
“Esto pasa porque hay periodistas poco colaborativos. En el gremio hay colegas que no son solidarios, ya que existe una agenda en la que los poderosos ponen contenidos que solo a ellos les interesan; temas sobre líderes sociales obstruyen sus maneras de tener el poder. Es triste que periodistas y medios de comunicación no divulguen esta situación tan crítica, o los colombianos nos pellizcamos o estamos armando un caos peor al de la década de los noventas”, afirma Osuna.
El panorama no pinta bien, los procesos de reconciliación y negociación con grupos armados se firman sobre la base del cumplimiento de lo pactado. Si el Gobierno colombiano continúa incumpliendo los acuerdos de la mesa, en primer lugar, es probable que estos grupos retomen las armas, cosa que sería nefasto para el país; y en segundo lugar, cómo se le darían garantías a los grupos sociales que no toman las armas, defensores de Derechos Humanos o periodistas que hacen su trabajo arriesgando su vida, se podría dar un genocidio como ocurrió en el pasado con la UP (Unión Patriótica). Es un panorama desolador, desde el rearme hasta la conformación de nuevos grupos paramilitares en regiones como Urabá, Cauca, Choco, Guaviare, Norte de Santander. El auge de los cultivos de coca no tiene que ver con que se haya cesado con la aspersión con “glifosato”, tiene que ver con un nuevo cartel de la droga que no es más que el paramilitarismo rearmado, y viene con fuerza.
“Pienso que Colombia necesita un gobierno de trasformación, pero estamos muy lejos de llegar a tenerlo. Mientras tú y yo hablamos, se presenta la rendición de cuentas del que muy seguramente será el presidente de este país. Un hombre que ha estado inmerso en cualquier cantidad de escándalos, el 30% de su partido condenado por crímenes; German Vargas Lleras ha hecho campañas con recursos públicos, Cambio Radical es el partido más corrupto de Colombia, yo no creo que esa sea la alternativa de cambio y transformación.
Colombia necesita un ejercicio de conciencia, que los jóvenes dejen de rascarse el ombligo porque están vendiendo muy barata su libertad; también se necesita un político ni el “verraco,” una persona que llegue al poder sin ataduras, una persona transparente pero todo va en que los ciudadanos tomen su papel y se hagan sentir”.
Para el periodista es muy importante la indignación, aprender a mantenerse indignado. Julián Andrés Chaparro, periodista de El Espectador; quien fue asesinado tratando de entender lo que fue la masacre en Segovia-Antioquia desde un ámbito humano, en compañía de su reportero gráfico, que además era poeta, decía: “Colombia es un país de corazones de ceniza, la indignación aquí dura dos días”. Hay que aprender a hacerla palpitar, donde los jóvenes y la sociedad se despierten ante las injusticias. El colombiano es apático y así no se puede construir país. “Creo que al periodismo le hace falta país, dejar de ir a cocteles, dejar de ser amigo de quienes ostentan el poder, dejar de resolver con cenas el acceso a la información. Al periodismo le falta estar indignado porque este país tiene muchas razones para estarlo” concluye Osuna.
