Educación vs Recreación: la lucha de la comunidad
El pasado sábado 11 de marzo, en el barrio Ciudadela CAFAM, de la localidad de Suba (Bogotá D.C.), un grupo de personas reunidas en la fría oscuridad de la noche, encendían velas que representaban la esperanza con la que buscaban salir adelante de la mayor problemática que ha afrontado esa comunidad en toda su historia: la pérdida de su única zona verde, a causa de unas decisiones arbitrarias de las recientes alcaldías y el abuso de autoridad por parte de las mismas.
La historia empieza en la época de la alcaldía de Gustavo Petro, quien había realizado un proyecto para la construcción de colegios en diferentes sectores de Bogotá, entre ellos, Suba, obras que se desarrollarían en distintos terrenos. En ese proyecto, el parque de la Ciudadela CAFAM (única zona verde de ese sector), se planteó como uno de los terrenos para desplegar estas construcciones; sin embargo, al final del proyecto quedó congelado y no se llevó a cabo.
Tiempo después, la alcaldía actual, dirigida por Enrique Peñalosa, decidió retomar el proyecto y de paso tomar este parque como terreno para edificar un colegio distrital destinado a los niños de Suba Rincón.
Es así como el 12 de octubre de 2015, a medianoche, mientras dormía la comunidad, llegaron al sector un grupo de policías, quienes se apropiaron del parque que está rodeado por las seis etapas que conforman el barrio, y donde jugaban y descansaban todos los miembros de la misma, desde niños, adultos, jóvenes y ancianos, hasta perros, gatos y aves, como lechuzas y loros. Además, como si de bandidos se tratase, llevaron a cabo su movimiento, encerrando este espacio con enormes y anchas vallas metálicas que impiden el acceso y la vista de los residentes a esta zona verde.
Al día siguiente, cuando el sol empezaba a asomarse, la comunidad se dio cuenta de lo que había pasado y enseguida reaccionaron saliendo en multitud para reclamar y exigir su parque de vuelta a los policías que estaban allí resguardando el terreno. Pero en vez de tener una solución, o al menos una buena respuesta, lo único que hicieron los patrulleros fue alejar a la gente del lugar con empujones e incluso a golpes, como ocurrió con una joven que, al igual que la comunidad, protestaba por su derecho al disfrute del espacio público.
El hecho salió en todos los medios locales pero, desafortunadamente para los afectados, se tergiversó la información a través de falsos testimonios y contando a medias la situación, lo que le generó una mala imagen de la comunidad hacia los demás ciudadanos, favoreciendo además a la Alcaldía de Bogotá.
Los siguientes días se convirtieron en una lucha para la gente de Ciudadela CAFAM contra la policía y, días después, contra el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y la Policía Militar, que llegó con armas de fuego a ese sector habitado por civiles, pese a que estaban manifestando su inconformismo de forma pacífica por medio de plantones, marchas y cacerolazos que se hacían, o bien frente al parque, o en la Avenida Suba, con el objetivo de obtener la atención de la gente y de los medios para mostrar y denunciar su caso.
A medida que fueron realizándose estas movilizaciones, la comunidad empezó a organizarse de forma más efectiva, formando dos comités que se encargarían de emprender un proceso jurídico para buscar una pronta solución y tener el parque de nuevo por medio de una demanda a la Secretaría de Salud y al Distrito (Comité jurídico), y organizar y facilitar la información que saliera sobre el tema (Comité de comunicaciones). Esto permitió que la comunidad pudiera realizar una movilización organizada en la que se recibió el apoyo de concejales como Manuel Sarmiento y con la cual lograron su mayor demostración de inconformismo al bloquear el Portal de Transmilenio en Suba y la Avenida Cali, además de recibir un gran apoyo de la gente en redes sociales.
En twitter, por ejemplo, fueron tendencia nacional ese día y lograron que la Alcaldía de Bogotá se pronunciara al respecto no una, sino varias veces. Esto a su vez sirvió para tener la atención de todos los medios nacionales, y de esta forma, la disconformidad de la comunidad de Ciudadela CAFAM volvió a ser noticia.
La comunidad, animada por sus logros, decidió continuar con las manifestaciones, y para reforzar el proceso jurídico: recogió más de tres mil firmas con las que se buscaba probar el deseo de la comunidad por recuperar el parque e impedir la construcción del colegio en ese lugar. Gracias a esos esfuerzos realizados por la comunidad y los comités, en noviembre de 2015, el Juzgado de Cundinamarca 34 falló a favor de los demandantes y ordenó una medida cautelar que impedía a la Secretaría de Educación y al Distrito autorizar la edificación del colegio en ese lugar, mientras se resolvía el proceso.
Estos resultados fueron vistos como una victoria en la lucha contra estas entidades públicas. De esta manera, la comunidad continuó con reuniones donde dialogaban y proponían nuevas formas de acción colectiva que puedan favorecer aún más el proceso jurídico que habían llevado a cabo.
Sin embargo, desafortunadamente para la comunidad, el Juzgado de Cundinamarca en febrero de este año, negó las medidas cautelares que habían sido implementadas tres meses atrás y de esta manera la Secretaría de Educación y el Distrito tuvieron el camino abierto para continuar con la construcción de ese colegio. La gente comenzó a desanimarse y pronto volvieron las maquinarias al terreno. La comunidad y los comités ahora afrontan un problema mucho mayor: recuperar la confianza de la gente y volver a tomar fuerza en su lucha por recuperar el parque.
Para la segunda semana de marzo de 2017 se convocó a la comunidad a hacer un plantón en las instalaciones de la construcción, pero nadie apareció. Solo unos pocos que se opusieron a la lluvia de esa noche y a no dejarse amedrentar por la construcción, decidieron llevar unas velas y formar un grupo pequeño que exigía sus derechos, mientras pegaban carteleras en las cercas de cada una de las etapas de Ciudadela CAFAM.
Fue una situación complicada, tanto para los miembros de los comités como para los que siguen creyendo en la posibilidad de impedir la construcción del colegio; aun así, la meta es clara. En las próximas semanas el Juzgado encargado del caso dará a conocer las respuestas sobre las medidas cautelares con las que, de darse a favor de la comunidad, permitirían restringir de forma permanente las obras hasta que sea resuelto el proceso jurídico, por lo que estas serán fundamentales para poder recobrar el ánimo en la comunidad y que persista la lucha de los comités por recuperar el parque.